La actuación del Gobierno en el «caso Mari Luz» (las “presiones" que ha recibido el CGPJ por parte del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que se endurezca la sanción de 1.500 € que ha impuesto al juez Tirado en relación con el caso Mari Luz) han despertado animadversiones y levantado ampollas tanto en la Carrera Judicial como en el colectivo de los Secretarios.

Esta es la causa de que para mañana martes, día 21, los Secretarios Judiciales hayan convocado un paro de tres horas en protesta por la sanción disciplinaria de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a la secretaria del Juzgado de Sevilla, Juana Gálvez, que no ejecutó durante dos años una sentencia firme contra el pederasta acusado de la muerte de la niña Mari Luz. El titular de ese mismo juzgado, Rafael Tirado, también está expedientado en relación con el caso de la menor.

Se da la circunstancia concurrente de que los Jueces Decanos también han convocado Juntas Generales de Jueces y Magistrados para este mismo día, en lo que muchos consideran una huelga encubierta, para protestar, por un lado, por "la sobrecarga de trabajo" que soportan y, por otro, por las "injerencias políticas" en la independencia judicial.

De hecho y por ejemplo, el pasado día 14, la Junta Directiva de la Sección Territorial de Madrid de la APM, tras tomar en consideración la “situación de queja generalizada entre los Jueces y Magistrados de los órganos judiciales del Territorio, creada sobre todo por la evidente falta de respeto institucional, por las frecuentes agresiones procedentes del poder político y las injerencias de éste en la autonomía del órgano constitucional de los Jueces”, acordó apoyar las convocatorias de Juntas Generales de Jueces y de Magistrados, tanto en los órganos unipersonales como en los colegiados”, previstas para mañana; instando a sus asociados “que promuevan las convocatorias en los órganos en que aún no se hubiera tomado esta iniciativa”. El Acuerdo de la Sección territorial se extiende también a “secundar las decisiones que en dichas Juntas se adopten en defensa de la independencia judicial y el prestigio de la función jurisdiccional, dentro de la Constitución y de la Ley”.

Para los progreistas JpD la responsabilidad disciplinaria de jueces, magistrados y secretarios no debe ser “utilizada demagógicamente para ocultar las responsabilidades políticas en las deficiencias crónicas de la Administración de Justicia”.

Por su parte, la conservadora APM ya habló de “inaceptables presiones e intromisiones” políticas y ha reclamó la pasada semana al CGPJ que haga “una defensa a ultranza de la independencia judicial”.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, pidió a los políticos un ejercicio de responsabilidad para crear “un clima de tranquilidad” que evite que manifestaciones como las que han causado la protesta de jueces y secretarios judiciales “contribuyan a confundir al ciudadano y a crear desconfianza en la Justicia”. Pese a ello, Bravo descartó hablar de “injerencias” al entender que, pese a apreciarse ciertas interferencias, el Consejo está seguro de que la intención de De la Vega y Bermejo no era “interferir en la función” del órgano constitucional. “Estamos seguros de que no es esa la voluntad”, afirmó ante los periodistas la Portavoz.

Posteriormente, día 16 del corriente, el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, dirigió a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia la siguiente comunicación literal: “El Consejo General del Poder Judicial recuerda que, como viene siendo norma y de acuerdo con el sentido de responsabilidad habitual de los Jueces Decanos, las Juntas de Jueces deberán celebrarse sin afectar al servicio público de la Administración de Justicia”.

Ese mismo día y en otro comunicado, el Ministerio de Justicia también alertó sobre las consecuencias de las tres horas de paro convocadas por los secretarios, manifestando que "deplora" la "falta de sensibilidad de los secretarios ante los perjuicios que pueden causar a los usuarios".

PRECARIEDAD DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

Tanto la APM, como AJFV y JpD han reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno que invierta seriamente en la modernización de la Administración de Justicia para acabar con los problemas estructurales y endémicos existentes.

JpD considera “imprescindible que los responsables políticos del Estado, y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, apuesten decididamente por un nuevo diseño de la Administración de Justicia, acometiendo las reformas legales que sean necesarias”. En su opinión, “la oficina judicial no responde a las actuales necesidades que demanda la sociedad” pues su estructura “es antigua y está anquilosada” y sigue funcionando “con las mismas pautas que hace decenios”.

EL RESULTADO DEL DIÁLOGO DEL CGPJ CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES Y LOS JUECES DECANOS: ABANDERAMIENTO DEL CGPJ EN LA LUCHA PARA SOLVENTAR LAS DEFICIENCIAS DE LA JUSTICIA.

En su comparecencia ante los medios, D. José Manuel López García de la Serrana, Presidente de la APM, ha calificado la reunión de “positiva” responsable pues se ha conseguido que el CGPJ, que es un “órgano constitucional y es independiente” abandere “la resolución de los problemas de la Justicia marcando un programa” que se intentará cumplir en un plazo indeterminado pero no largo. De hecho, ha afirmado, el nuevo CGPJ, con apenas un mes de vida, “no ha tenido tiempo”, lógicamente, para abordar los problemas que está afrontando ahora.

Preguntado expresamente por el malestar generado por las “injerencias” de los poderes públicos en lo judicial, el presidente-portavoz ha sostenido que “en el deficiente funcionamiento de los juzgados existe una responsabilidad que no se puede ocultar y que es del Gobierno y de las Comunidades Autónomas”; “Dívar ha llegado a esta casa’ y se ha encontrado con problemas que no eran suyos” pero se ha comprometido a solventarlos.

Para el portavoz de la APM, las convocatorias de Juntas de Jueces no son llamadas a la huelga (dicho sea de paso, derecho reconocido a los Secretarios pero no a Jueces y Magistrados) pues las mismas no son más que “reuniones de jueces” que tienen como fin “analizar la problemática existente”. Es más, la convocatoria de reuniones de Juntas es una “manifestación de que existe un problema” y “los jueces se reúnen para hablar” de él.

Por su parte, Lorenzo del Río, Presidente de la AJFV también ha explicitado que “existe un trato injusto hacia los jueces porque se les hace responsables de todo pero no son los únicos responsables” y ha venido a decir que el desencadenante último del malestar judicial ha sido “una cierta injerencia de los políticos que enturbian las reglas del juego democrático”. De lo que se trata”, ha afirmado Del Río, “es de exteriorizar el sentimiento de que el esfuerzo de los jueces no se valora”.

El Presidente de la Francisco de Vitoria ha llegado incluso ha emplear en sus declaraciones el término “crisis”: “existe una crisis en el poder judicial por (la carencia de) los medios materiales y personales”. Por todo ello, ha declarado “hemos pedido al CGPJ que asuma el liderazgo” para encauzar “el proceso de cambio y modernización de la justicia”; se trata de “una reivindicación coordinada por todas las Asociaciones” y “éste es el auténtico meollo, sin perjuicio de la absoluta independencia del Consejo”.

En tercer lugar, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de JpD, ha hecho nuevamente referencia a la petición que han formulado las Asociaciones con el fin de que el CGPJ asuma la posición de garante de la independencia de los jueces, así como para que marque "esa línea roja que establezca dónde están los límites de una posible injerencia de poderes ajenos” al Órgano de gobierno de los Jueces. A su juicio, las declaraciones de dirigentes políticos (sobre el Caso Mariluz y el Expediente Tirado a que antes hemos aludido "han sido una gota más, pero la última".

Finalmente, en rueda de prensa, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha explicado el contenido y valoración de las reuniones mantenidas por el Consejo con los anteriores, portavoces de las asociaciones de jueces y magistrados de mayor representatividad, y con los Jueces Decanos.

La valoración del encuentro a ojos del Consejo es “muy positiva”, ha afirmado. Los jueces y decanos han transmitido al Consejo su situación de inquietud y desconfianza derivada de las deficiencias estructurales de la Administración de Justicia y han pedido una modernización de medios tanto materiales como personales. Por ello se ha establecido un “calendario de reuniones periódicas para estudiar las deficiencias” y “en la hoja de ruta” del Órgano constitucional, “la prioridad es estudiar las dificultades de los órganos de jurisdiccionales”; “el Consejo va a liderar el compromiso de abordar esta reforma para la mejora de la Administración de Justicia en todos los ámbitos” e incluso va instar al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a abordar la necesidad de los cambios.

1.- Su coincidencia con aquéllos en cuanto a las históricas carencias de medios personales, económicos, materiales y tecnológicos que padece la Administración de Justicia y que obligan a un sobreesfuerzo de todos los que trabajan en ella y perjudican la adecuada prestación de ese servicio público.

2.- Su voluntad de liderar la reforma, mejora y modernización de la Administración de Justicia, reclamando de las instituciones correspondientes los esfuerzos que sean necesarios a tal efecto.

3.- Su confianza en el sentido de la responsabilidad de los jueces, y en que actuarán siempre en beneficio de los ciudadanos, en relación con las Juntas convocadas para mañana, martes 21 de octubre.