La denominada 'Operación Pipol' se llevó a cabo el 25 de julio de 2001 y permitió desarticular dos redes dedicadas al tráfico de drogas, así como la incautación de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de Goma-2 ECO y 94 detonadores industriales.

En 2001, el Cuerpo Nacional de Policía, investigaba la muerte de un hombre, Bernabé Abad Martínez, en Gijón, tres personas pasaron a disposición del Juzgado de guardia gijonés como presuntas autoras del homicidio. Una de ellas declaró que en alguna ocasión había comprado cocaína para su pareja en el bar El Ancla, de Gijón. La policía empezó a investigar este establecimiento, donde se traficaba con cocaína.

Veinte personas fueron detenidas y acusadas como resultado de la operación policial, que formaban parte de dos grupos organizados dedicados principalmente a la introducción y distribución de drogas en Asturias, sobre todo cocaína y hachís.

Uno de los detenidos, Antonio Toro (cuñado de Suárez Trashorras y encausado junto a él en el Juicio del 11-M), trabajaba a las órdenes del gallego Marcos Barreiro y se encargaba de transportar la cocaína desde Galicia a Asturias por carretera. También le ayudaba en la vigilancia de los viajes que se realizaban a Madrid y Andalucía para comprar hachís. Para él trabajaba Trashorras, quien le ayudaba tanto en operaciones de adquisición y venta de estupefacientes como en el alquiler o traslado de los vehículos con los que la introducían en Asturias.

Con independencia de esta actividad de tráfico de drogas, Toro y Trashorras se dedicaban también «a la venta de cartuchos de dinamita goma 2 Eco, ofreciendo los mismos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón. Concretamente, en el verano de 2001, Toro y Trashorras le ofrecieron dinamita, en, al menos, tres ocasiones, a Francisco Javier Lavandera, testigo del 11-M que, ya en 2001, denunció ante la Guardia Civil la trama de tráfico de explosivos. Sus conversaciones fueron grabadas por el guardia civil Jesús Campillo y la aparición de la cinta, llevó al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo (instructor el 11-M) a considerarlo testigo protegido, categoría que le fue retirada en febrero de 2005 después de que se comprara una pistola y rechazara un trabajo como vigilante de seguridad en el País Vasco.

A falta de quince días para el comienzo en la Audiencia Nacional del juicio por los atentados del 11-M,  la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias iniciaba el juicio por este caso, que duraría un mes y medio, en el que se condenaba a 11 años y medio de prisión a Antonio Toro - 6 años de cárcel por tenencia y tráfico de y 5 años y 6 meses más por venta de drogas- y  multa de 218.000 euros, mientras que a José Emilio Suárez Trashorras le condenaba a 10 años -cuatro por tráfico de cocaína y hachís y seis por tenencia, depósito y tráfico de explosivos- y multa de igual cantidad que a su cuñado.

 El tribunal basó la condena, en una sentencia de 187 folios, incorporada al sumario del 11-M, en “las abundantes pruebas” existentes y vinculaba explícitamente la “operación Pipol” con las acusaciones formuladas contra los dos asturianos por la masacre de los trenes. Los magistrados redujeron la condena solicitada por el fiscal al no encontrar pruebas de que integrasen una organización y porque consideró «improcedente» la petición de ocho años planteada por tráfico de explosivos.

En cuanto al resto de implicados, la Audiencia de Asturias, impuso las mayores condenas a Laurencio Castaño García, ex policía de San Martín de Rey Aurelio (11 años), y a Marcos Barreiro Magán, (10 años y 6 meses).

Además, Ángel Manuel Arenal fue condenado a 9 años; Pedro Corao a 4; Javier Antuña a 5; José Luis Aramburu a 5 años y 6 meses; Juan Jesús Buznego a 4 años y 6 meses; Miguel Ángel Murillo a 7 años y 6 meses; David García y Francisco Javier Álvarez a 9 años y 6 meses; Florentino García a 4 años y 6 meses; Jorge Cardama a 4; Antonio Rodríguez a 4 y Tomás Rincón a 3 años y seis meses.