| Letrados, Fiscales y Abogados del Estado |
En el “macrojuicio” intervienen como abogados:
En cuanto a los fiscales, se sentarán en estrados:
También intervendrán 2 Abogados del Estado. FISCALES El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cree "razonable" que el tribunal encargado del juicio del 11-M haya aceptado que testifiquen tres etarras y que se practique "una nueva pericial" de explosivos "para confirmar las pruebas" realizadas durante la instrucción del sumario. "Eso no supone deducir una posible vinculación de ETA con el 11-M", destacó Zaragoza al explicar que esas dos pruebas, la de explosivos y la testifical de los tres etarras -Henri Parot y los dos que fueron detenidos once días antes de los atentados con una furgoneta cargada de explosivos en Cañaveras (Cuenca)- fueron propuestas por la defensa de dos de los principales acusados: Jamal Zougam y Basel Ghalyoun. "Negarse a ello limitaría el derecho de defensa", añadió el fiscal jefe que junto a la fiscal adscrita a este caso, Olga Sánchez, intervendrá en las primeras sesiones del juicio e, incluso, en el interrogatorio a algunos de los 29 acusados. A su juicio, esa resolución indica que el tribunal ha actuado con "un criterio amplio" a la hora de admitir estas pruebas y es el de evitar "indefensión" a esos dos acusados. "De lo demás ni hablo. Seamos serios", señaló en referencia a las diversas teorías que han surgido sobre la autoría de estos atentados y a las variadas interpretaciones que se han hecho de esta decisión. Recordó además que también la Fiscalía pidió en su día al instructor del sumario, el juez Juan del Olmo, una nueva pericial de los restos de explosivos encontrados en los escenarios que rodearon el 11-M para confirmar las pruebas y éste lo rechazó. Respecto a si se va a conocer la verdad de lo ocurrido el 11-M en el juicio, para Zaragoza "es la mejor forma de averiguar la realidad criminal de unos hechos tan graves". "La investigación judicial es la mayor garantía de averiguar la verdad de estos hechos", insistió. "Los primeros interesados (en que se sepa la verdad) somos los que integramos la Administración de Justicia", subrayó. En cuanto a los aspectos organizativos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de cara al juicio, Zaragoza explicó que dos fiscales, Olga Sánchez y Carlos Bautista, han sido asignados a este juicio y que él mismo y el teniente fiscal, Jesús Santos, también participarán como apoyo. De este modo, siempre habrá dos representantes del Ministerio Público en el estrado durante todo el juicio, que se celebrará de lunes a jueves a partir del próximo jueves 15 de febrero. Zaragoza intervendrá en algunos interrogatorios y en el informe final de la Fiscalía, pero como "la jefatura (de la Fiscalía de la Audiencia Nacional) son más casos que el 11-M, aunque sea el más importante que hay y que ha habido" no podrá "dedicarse en exclusiva al juicio" y por ello, cuando no pueda asistir, le sustituirá Santos. Además está previsto que este mismo mes sea nombrado un nuevo fiscal en comisión de servicios para reforzar la Fiscalía, así como la reincorporación del fiscal Enrique Molina cuando finalice el macrojuicio al entorno de ETA que se celebra desde el 21 de noviembre de 2005 y al que ha asistido ininterrumpidamente. La Fiscalía pide para los 29 acusados penas que superan en total los 270.000 años de prisión como autores de 191 asesinatos consumados y 1.824 intentados, tanto como víctimas hubo en los trenes, aunque no podrán cumplir más de 40 años. LOS LETRADOS DE OFICIO DE LOS ACUSADOS Los acusados por los atentados del 11-M "han tenido un abogado desde el punto de vista formal pero, desde el material, han estado sin defensa real durante dos años y medio", sostienen los letrados de oficio designados para la mayoría de ellos, que creen que esta situación "es propia de la Edad Media". En una entrevista con Efe, los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andujar hablan de una instrucción "desastrosa" por parte del juez y una acusación "aleatoria" y "sin rigor" de la Fiscalía y vierten duras críticas a la actuación en este caso del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Colegio de Abogados de Madrid. Ambos letrados, que como muchos de sus compañeros han solicitado en sus escritos de conclusiones provisionales la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, se muestran convencidos de que "desde alguna instancia judicial se tendrá que decir que es absolutamente escandaloso". El del 11-M "ha sido un proceso donde las garantías de los imputados, procesados y acusados se han vulnerado constantemente y eso ha viciado el procedimiento entero", aseguran. Uno de esos derechos supuestamente vulnerados, según los abogados, es precisamente el de defensa por haber mantenido el secreto de sumario durante tanto tiempo en un procedimiento de esta magnitud y que -aseguran- les ha puesto en una situación de desigualdad frente al fiscal. Así, recuerdan que tras los atentados fueron detenidas 122 personas, de las cuales la mitad ingresaron en prisión, pero tras dos años de instrucción -durante los que, insisten, no han tenido acceso al sumario- sólo se ha procesado a 29. Otro de los motivos de nulidad que alegan tiene que ver con las condiciones en las que se realizaron los primeros interrogatorios policiales y "en qué medida han condicionado las actuaciones posteriores" ya que, -dicen, "hubo presiones, amenazas y manipulaciones". La falta de intérpretes hasta el pasado mes de octubre para que los abogados de oficio pudieran hablar con sus defendidos es otra de las quejas de los letrados, que denuncian que esta circunstancia "ha supuesto una quiebra absoluta del derecho de defensa", de la que culpan al Ministerio de Justicia. También denuncian que no han dispuesto del sumario hasta octubre pasado, por lo que no han tenido tiempo suficiente para preparar el juicio. "Formalmente se ha terminado por ir cumpliendo todas las exigencias del ordenamiento, pero a destiempo", explican García Peña y Andujar, que indican que en un procedimiento de esta envergadura cumplir con las exigencias formales a destiempo implica una vulneración. "Lo que hace que el Estado de Derecho" sea tal "no es que tengas un abogado desde el punto de vista meramente formal", sino que éste sea operativo, recalcan los letrados. Por ello, dicen que necesitarían al menos un año más "para poder afrontar el juicio en condiciones". La política de dispersión de estos presos que, señalan, llevó a cabo la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el convenio para las retribuciones de estos letrados que firmaron "de espaldas" a los afectados el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid son otras de las críticas expuestas por ambos. También dirigen sus críticas al auto de procesamiento del juez Juan del Olmo -"la instrucción ha sido desastrosa y el auto de procesamiento es incomprensible e ininteligible"- y contra la fiscal Olga Sánchez, de cuyo escrito de acusación afirman que "carece del mínimo rigor exigible". No obstante, concluyen que "realmente" creen en la imparcialidad del tribunal que va a juzgar a sus clientes: "Va a ser objetivo y dictar una sentencia en conciencia". |
