La posibilidad de realizar interrogatorios y declaraciones mediante el sistema de videoconferencia, se contempla tanto el la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Así, el artículo 229 de la LOPJ, ubicado sistemáticamente en Título III “De las actuaciones judiciales”,  Capítulo I “De la oralidad, publicidad y lengua oficial”, dispone expresamente que:

1. Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin perjuicio de su documentación.
2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.
3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.
En estos casos, el secretario judicial del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.

Por su parte, y en concordancia con las previsiones anteriores, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el marco de la regulación de la práctica de la prueba en el juicio oral del procedimiento sumario ordinario, recoge la posibilidad de recurrir al sistema de videoconferencia en su artículo 731 bis:

El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.